La interacción entre los mosquitos y los humanos es el vehículo que utiliza el parásito de la malaria para reproducirse. El Plasmodium cumple un sofisticado ciclo de transformaciones tanto dentro del interior del torrente sanguíneo de los humanos como en el sistema digestivo del mosquito anoféles, que transmite el parásito a través de la saliva.
En Venezuela, las dos especies de Plasmodium que prevalecen son falciparum y el vivax, las más peligrosas, según la OMS.
Venezuela solía citarse como un ejemplo en la lucha contra el paludismo. Los logros de la campaña antimalárica liderada por Arnoldo Gabaldón en 1945 ya habían logrado, en 1954, que el territorio donde habitada 80% de la población venezolana fuera declarado libre de malaria, como lo señalaba ese año Daniel Orellana en un informe presentado en la VIII reunión del consejo directivo de la Organización Sanitaria Panamericana.
Sin embargo, la anhelada erradicación en realidad nunca ocurrió, pese al notable logro alcanzado por las cuadrillas antimaláricas. “La malaria fue eliminada, mas nunca erradicada”, puntualiza el experto venezolano en parasitología Juan Carlos Gabaldón, investigador del del Instituto de Salud Global de Barcelona, España.
Los logros de los equipos de Gabaldón fueron importantes, “porque eso permitió que muchos pueblos pequeños y que algunas ciudades donde la malaria era endémica se desarrollaran de una forma mucho más rápida, entonces tuvo consecuencias económicas importantes que coincidieron con el aumento de la explotación petrolera en el país y ayudaron al desarrollo”, indica.
Sin embargo, en algunos puntos del país, en especial al sur, en los estados Bolívar y Amazonas, continuaron focos activos de la enfermedad, con los que se pudo lidiar hasta principios del siglo XXI, cuando comienza a disminuir el financiamiento que recibía el Programa Nacional de Malaria. Aunque el aumento de los casos de malaria hizo que se dirigieran los ojos del mundo hacia Venezuela desde hace unos cuatro o cinco años, lo cierto es que la malaria se había ido incrementando paulatinamente desde hacía décadas al sur del país.
se contabilizaron en Venezuela en 2019, cuando la transmisión de la enfermedad alcanzó su punto más alto de las últimas décadas.
presentaron casos de malaria en 2021, aunque los más afectados por la epidemia fueron Bolívar, Sucre, Amazonas, Zulia y Delta Amacuro.
durante las dos primeras semanas del año 2021 en el municipio Sifontes, del estado Bolívar, que sigue concentrando el mayor número de registros en el país.
Basta ver los mapas de distribución de la malaria en el mundo para entender la repercusión que tiene la situación de la epidemia en el sur de Venezuela en el continente. El municipio Sifontes, del estado Bolívar, no solo se convirtió en los últimos años en el punto álgido de transmisión de la malaria en el país, sino también en América Latina.
Los especialistas coinciden en que a esta situación ha contribuido, además del desmantelamiento de la infraestructura de salud que posibilitaba la vigilancia epidemiológica, la aguda crisis económica y la presión sobre la explotación minera en la zona, que se incrementó luego del decreto del régimen de Nicolás Maduro que lanzó el Arco Minero del Orinoco en 2016.
Se trataba, sin embargo, de una situación que tiene décadas de incubación, pues los casos de malaria en el estado Bolívar se habían venido incrementando paulatinamente desde hace décadas: mientras en 2001 se registraron 4.998 casos, en 2010 hubo 39.744 casos. Según la OCHA, los diagnósticos de paludismo en el estado Bolívar hasta la semana epidemiológica 40 de 2021, ya superaban ese número, pues se habían contabilizado 66.002 casos, la mayoría -18.651- en Sifontes.
La minería de oro, en especial la ilegal, estimula las condiciones para la reproducción del anófeles y su interacción con el humano, lo que favorece la transmisión de la malaria.
La parroquia San Isidro, en el municipio Sifontes, es uno de los sectores que ilustra mejor esa conexión entre la deforestación debido al avance minero y el incremento de casos de malaria: entre 2007 y 2017 perdió alrededor de 3.058 hectáreas de bosques mientras la malaria se incrementó allí en alrededor de 746%, según señaló un estudio, publicado el año pasado en Plos Neglected Tropical Diseases. La misma investigación reveló que la mayor parte de los afectados, tanto por Plasmodium vivax como por Plasmodium falciparum, las dos especies del parásito comunes en la zona, fueron hombres jóvenes dedicados a actividades minera.
La violencia que rodea la explotación minera es uno de los desafíos de la lucha antimalárica: dos municipios mineros del estado Bolívar concentran las mayores tasas de muertes por violencia en el país: El Callao, con 511 decesos por esa causa por cada 100.000 habitantes, y Sifontes, con 189 muertes por 100.000 habitantes. La ONG SOS Orinoco recoge en un informe datos sobre numerosas masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, en un contexto en el que grupo armados irregulares y el ejército venezolano se disputan el control de las minas.
(Crédito de imagen: Cortesía Jorge E. Moreno)
"Ya conozco los síntomas de la enfermedad porque la he tenido antes, esos dolores de cabeza y escalofríos. La gente me decía que era un virus cualquiera, pero yo sé que no es porque uno empieza a orinar feo, como si fuera guarapo de café. No sé cómo agarré la enfermedad porque no he ido a las minas".
Darkys Díaz
Habitante de San Félix
“Vine al ambulatorio a buscar el tratamiento contra la enfermedad. A mí me dio trabajando en las minas, los síntomas me empezaron el 31 de diciembre. Recibí el tratamiento y un mosquitero y estoy esperando para volver a irme a las minas a trabajar, para poder mantener a mis hijos y mi nieta”.
Kemberly del Valle
Habitante de Tumeremo
Frente al Hospital José Gregorio Hernández, en Tumeremo, capital del municipio Sifontes, pueden verse las cuadrillas de Médicos sin Fronteras. Un total se 74 puntos de diagnóstico y tratamiento de la malaria se han instalado en el municipio, 40 por parte de las autoridades locales de salud y 34 pertenecientes a la ONG, señala Grecia Paz, que forma parte de la coordinación médica de la ONG.
Luchar contra la epidemia en el estado Bolívar es complejo, debido, entre otras cosas, a la extensión territorial y a la diversidad de su población, agrega la médico. El hecho que hay una población flotante, que no esté en forma permanente en el área, es una de las mayores dificultades que afrontan en su trabajo.
Han concentrado, desde 2018, sus esfuerzos de control del paludismo en la parroquia San Isidro, corazón de la actividad minera y uno de los puntos más activos de transmisión de la malaria, pero considera necesario aumentar la atención en la parroquia Dalla Costa, también un importante punto de transmisión de la malaria y que ha estado más desasistida en los últimos dos años, por razones logísticas que vincula con la pandemia de Covid-19.
Sin embargo, espera que la reducción en el número de casos de paludismo que ya han registrado los organismos internacionales sea sostenible y que se alcance la meta de disminuir drásticamente el número de casos positivos de la enfermedad en el estado Bolívar para 2024.
“La medida principal que aplicamos es el control del vector de transmisión, que va desde el uso del mosquitero hasta los insecticidas, dependiendo del hábito del mosquito que habite en la zona”, señala Paz. Eso exige trabajar en conjunto con entomólogos que vigilan el comportamiento del anófeles, una información fundamental para establecer las pautas preventivas, que pueden variar de una comunidad a otra.
La atenta vigilancia del insecto se justifica aún más debido a que se sabe que la minería de oro estimula las condiciones para la reproducción del mosquito y su interacción con el humano, lo que favorece la transmisión de la malaria.
Las medidas que intentan controlar la epidemia sí han dado frutos, sostiene Juana Farías, jefa de la red de Asistencia Integral Comunitaria del municipio Caroní. “Pasamos de tener 200 pacientes diarios en 2018 a quince pacientes diarios en la actualidad”, dice.
La estrategia que han aplicado se ha basado en la multiplicación de puntos de diagnóstico y vigilancia de la enfermedad, donde se hacen pruebas rápidas para detectar la infección, así como la entrega de tratamientos y la distribución de mosquiteros impregnados de insecticida, sobre todo entre las embarazadas, para mantener a raya a los mosquitos.
La tendencia a la disminución de los casos de malaria en el estado y en el país fue confirmada en el último Informe Mundial de Malaria de la Organización Mundial de la Salud. Después de que la enfermedad se incrementara paulatinamente en la última década y pasara de 137.996 casos en 2015, a 242.561 casos en 2016 y a más de 467.000 casos en 2019, el número se redujo a la mitad en 2020, cuando se registraron 232.000 casos. Datos de la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud indican que, en 2021, hubo en total 147.113 casos.
Sin embargo, más que a los esfuerzos por contener la enfermedad, la OMS atribuyó el cambio en la tendencia a “las restricciones de movilidad durante la pandemia de Covid-19 y a la escasez de combustible que afectó la industria minera”. El documento agrega que el confinamiento también podría haber afectado el acceso a los servicios de salud, porque habría incidido en un menor reporte de casos.
El documento también señala que el confinamiento también podrían haber afectado el acceso a los servicios de salud, lo que habría incidido en un menor reporte de casos. La bióloga e investigadora de la Universidad Central de Venezuela, María Eugenia Grillet señala, sin embargo, que el descenso de casos de malaria en el país también debe atribuirse al trabajo realizado por las organizaciones no gubernamentales que están interviniendo en la zona para tratar de aliviar la precariedad de los servicios de salud, un efecto de la emergencia humanitaria compleja que aflige a Venezuela desde hace algunos años, causada por una profunda crisis económica y política.
Además de Médicos sin Fronteras, la Cruz Roja Internacional y el Rotary Club han colaborado con autoridades locales en la implementación de medidas preventivas y paliativas, como la distribución de medicamentos y de mosquiteros impregnados de insecticidas que ayudan a evitar la picadura del mosquito transmisor de la enfermedad.
“Simplemente con hacer vigilancia y diagnóstico a tiempo y administrar el tratamiento hubo interrupción de la transmisión y bajaron muchísimo los casos. La malaria desde el punto de vista de las estrategias e instrumentos es abordable. El problema es la situación de Venezuela, ese caos minero, toda esta situación donde se tiene que desenvolver un programa de control”, señala Grillet.
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A la ayuda internacional que ha llegado al país se suma el aporte del Fondo Global, un organismo internacional de cooperación, que aprobó 19 millones de dólares para el combate de la malaria localmente entre 2020 y 2023. En contraste, la última inversión hecha por el gobierno venezolano para el control de la malaria fue de 940 dólares, en 2018, señala el investigador Juan Carlos Gabaldón. “Es un error pensar que cuando los casos bajan hay que olvidarse por completo de la vigilancia epidemiológica. Esa es una de las principales lecciones que se puede sacar de cómo ha evolucionado la epidemia en Venezuela”, dice.
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Hacer sostenible en el tiempo el programa de control, especialmente ante el fin de las medidas de restricción relacionadas con el Covid-19, algo que pasa por recuperar el sistema público de vigilancia epidemiológica que permita un alerta temprano, dice la bióloga e investigadora de la Universidad Central de Venezuela, María Eugenia Grillet.
“Nosotros teníamos eso hace muchos años y lo perdimos. Tenemos que restablecer nuestro programa de control de malaria, empezando por la data; nunca sabemos cuántos casos tenemos hasta que los publica la OMS”, señala la experta.
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La investigación científica es una de las aristas que no puede olvidarse a la hora de planificar una estrategia para el control de la malaria, advierte la investigadora María Eugenia Grillet. Esto debe ir de la mano del trabajo realizado en el campo. Por ejemplo, la alianza con entomólogos que vigilan el comportamiento del anófeles es fundamental para establecer pautas preventivas que pueden variar de comunidad a comunidad, señala Grecia Paz, de la ONG Médicos sin Fronteras.
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Juana Farías, jefa de la red de Asistencia Integral Comunitaria del municipio Caroní, considera que un aspecto que debe fortalecerse es la participación de la población en medidas preventivas. “La gente prefiere la medicina curativa, recurrir a lo farmacológico en lugar de prevenir: instalar mallas metálicas en las ventanas, usar ropa de color claro, usar mangas largas, tomar conciencia de que esta no es una enfermedad cualquiera, que puede tener complicaciones graves”.
Este proyecto fue financiado por el Centro Europeo de Periodismo, a través de Global Health Security Call. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates.
Venezuela: gold fuels malaria epidemic (Latin American Bureau)
La precariedad del sistema de salud venezolano compromete avances contra la malaria (El Nacional)
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